La delegada del Gobierno se reúne con los ayuntamientos de la
comarca de Antequera para explicar la Ley de Impulso a la
Sostenibilidad del Territorio (LISTA)
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha mantenido en el
Ayuntamiento de Antequera una reunión con representantes municipales de las 20
localidades de la comarca para abordar la recientemente aprobada Ley de Impulso a
la Sostenibilidad del Territorio (LISTA), definida por la delegada como “la reforma más
importante que pueda haber llevado a cabo un Gobierno de la Junta de Andalucía en
su propio territorio”.
En este sentido, Patricia Navarro ha asegurado que la LISTA, considerada por el
Gobierno andaluz como su principal instrumento para luchar contra la despoblación,
“va a significar un antes y un después para el despegue, para el progreso y el
desarrollo de toda Andalucía, porque ofrece posibilidades infinitas para los municipios
que quieran seguir creciendo con nuevas posibilidades de empleo y riqueza”.
Navarro ha destacado que la nueva Ley del Suelo “simplifica al máximo”, resolviendo a
los ayuntamientos “la inseguridad jurídica que les provocaba la anterior normativa y
que les conllevaba la tramitación eterna de sus planeamientos urbanísticos”. Con esta
ley, ha continuado, “se cierran 16 años de idas y venidas de una normativa anterior,
que se ha modificado hasta en 11 ocasiones y que no resultaba eficaz porque no se
adaptaba a la realidad que tiene el territorio andaluz y, principalmente, la provincia de
Málaga”.
Con la nueva norma se diferencia entre suelo urbano y rústico, y permite la
construcción en este último siempre que no afecte a una zona protegida o sea
compatible con su régimen de protección. Se permiten viviendas en suelo rústico con
otros usos además de los agropecuarios, que pueden ser turísticos o cualquier
actividad económica que dinamicen las zonas no especialmente protegidas que
requieran de preservación, pero que sean compatibles con los usos agrarios y el
desarrollo sostenible.
Viviendas unifamiliares
Así, se autorizará la construcción de viviendas aisladas unifamiliares, cuando no se
induzca a la creación de nuevos asentamientos. Los límites y condicionantes se
recogerán en los reglamentos que ya se están desarrollando.
Para garantizar esto, además, la Junta creará un cuerpo de subinspectores con el fin
de velar por la disciplina urbanística y se descarga en parte así a los ayuntamientos de
esa responsabilidad, ya que la mayoría no tiene medios humanos ni recursos
materiales, ha explicado la delegada.
La LISTA es “un avance importante y herramienta fundamental para regularizar
muchas de las viviendas por parte de los ayuntamientos con el planeamiento nuevo,
porque su uso ya será compatible con lo que establece la ley, si no están en suelo
protegido o dominio público”, lo que podría repercutir en más de 50.000 viviendas
estimadas en la provincia de Málaga como fuera de ordenación y más de 300.000 en
Andalucía.
Simplificación de trámites y reducción de plazos
Navarro ha destacado también que los 103 municipios de la provincia podrán tener al
día su planeamiento en dos años de media, gracias a la LISTA, ya que agiliza los
trámites y simplifica los procesos.
Muchos de los municipios cuyo PGOU no estaba adaptado a la LOUA tardaban de
media 10 años o más en tramitar el planeamiento, aunque fueran pequeños, como le
ocurrió a Macharaviaya, que ha conseguido su aprobación 16 años después de iniciar
el procedimiento. “Y eso a pesar de que este instrumento es lo más importante para un
ayuntamiento a la hora de planificar inversiones, la creación y asentamiento de
empresas, puestos de trabajo y fijar población. Ahora podrán tenerlo en dos años”, ha
dicho la delegada.
“Cuando el Gobierno del cambio llega en 2019, había 79 municipios en Málaga cuyos
planeamientos no estaban adaptados a normativa después de años de vigencia de la
LOUA”, ha señalado Navarro.
Actualmente, hay 25 municipios que tienen un Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU) conforme a la LOUA (4 de ellos anulados); el resto tiene distintas
figuras de planeamiento que se aprobaron antes de la LOUA: 11 con PGOU, 36 con
Normas Subsidiarias Municipales (NSM) y 5 con Delimitación de Suelo Urbano (DSU),
estando en trámite 16 DSU.
Los 25 municipios que han aprobado sus PGOU conforme a la LOUA representan el
24,3% del total, y hay 71 municipios que están en proceso de tramitación de sus
respectivos PGOU.
De los 103 municipios de la provincia, 79 de ellos (el 77%) van a poder tramitar y
aprobar por el Ayuntamiento el nuevo Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM),
ya que tienen una población menor de 10.000 habitantes, no son litorales ni forman
parte de la aglomeración urbana de un centro regional.
Los 24 restantes pueden tramitar y aprobar por el Ayuntamiento su nuevo Plan
General de Ordenación Municipal (PGOM).
La delegada de la Junta ha hecho hincapié precisamente en que cada municipio será
abordado en función de sus características y número de habitantes. Y se establece un
sistema dual para los de más de 10.000 habitantes que engloba “un plan general de
ordenación municipal y los planes de ordenación urbana, más al detalle”.
Para Navarro, con la LISTA “por fin los consistorios adquieren la mayoría de edad en
cuanto a capacidad poder organizar su término municipal y la Junta establece unos
usos superiores e infraestructuras de carácter más comarcal o provincial” a los que
ajustarse.
Ayudas a los ayuntamientos
La Junta, a través de la Consejería del ramo, ya trabaja en el desarrollo de los
reglamentos y con todos los ayuntamientos que lo precisen para sacar adelante los
planeamientos lo antes posible.
Se ha ofrecido, no sólo ayuda técnica de la Delegación territorial, como hasta ahora,
con la celebración de mesas técnicas y jurídicas, así como el refuerzo y la aportación
de la Diputación provincial, sino que se desarrollará también una convocatoria de
ayudas económicas para agilizar aún más el trabajo de los consistorios.
La LISTA prevé ayudas de hasta 10.000 euros a los ayuntamientos para que redacten
sus planes especiales y generales. Estas ayudas ya existían, pero se suspendieron en
2011 porque los 129 ayuntamientos que las solicitaron no fueron capaces de cumplir
con los plazos que imponía la ley.
En la reunión han participado, junto a la delegada de Gobierno andaluz, la delegada
territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Carmen Casero, la
jefa del servicio de Urbanismo de la Junta en Málaga, Mari Carmen Moreno, y el
primer teniente alcalde de Antequera, Juan Rosa.
Han sido atendidos los acaldes o representantes municipales de los ayuntamientos de
Alameda, Almargen, Antequera, Archidona, Ardales, Campillos, Cañete la Real,
Cuevas Bajas, Casabermeja, Carratraca, Cuevas de San Marcos, Cuevas del becerro,
Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, sierra de yeguas, Teba, Valle de Abdalajís,
Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva de la Concepción, Villanueva
del Rosario, Villanueva del Trabuco.
